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Sostenibilidad de las pensiones



Durante los pasados meses se desató entre la opinión pública española un debate sobre la exigua revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para los presupuestos de 2018. Aunque, finalmente, la subida pactada del 1,6% con carácter retroactivo ha sido la llave para la aprobación final de los mismos, más allá del debate político y de la utilización partidista de tan sensible tema, subyace un problema mucho más crítico y cuya solución es de mucha más complejidad: la sostenibilidad del sistema público de pensiones

Recientemente, Mercedes Ayuso, Doctora en Economía y Catedrático de Estadística Actuarial de la Universidad Autónoma de Barcelona expuso en un encuentro de expertos que la fertilidad que se precisaría en España para cubrir la tasa de reposición es de 2,1 hijos por mujer. Sin embargo, actualmente en España ese ratio es de la mitad. En cuanto a la mortalidad, hay un problema de fallecimientos en franco descenso tanto de hombres como de mujeres por el aumento de la esperanza de vida. Lo que, desde el punto de vista del alargamiento de la vida de las personas es un éxito de nuestra sanidad, la mejora en la alimentación, los hábitos de vida saludables… no es una noticia tan favorable si lo que analizamos es la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Respecto de los flujos migratorios está generalmente aceptado que existe una convergencia cero, al menos históricamente: en los ciclos largos se compensan las salidas con las entradas, por lo que, a priori, no es este un factor sobre el que en realidad se pueda actuar de forma efectiva. Es evidente que si España registra una mejor evolución económica y sus empresas atraen mano de obra, los flujos migratorios serán positivos y por lo tanto, favorables para el sistema de pensiones pero para hacer un análisis riguroso y prudente de la actual situación del sistema no queda más remedio que considerar que las tasas de crecimiento serán las históricas y que la inmigración será, en este sentido neutra.

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN

En 1950 existía una pirámide cuya forma puede calificarse de progresiva: la base era más ancha y de forma uniforme se iba estrechando hacia arriba.



El problema surge cuando la base de la pirámide correspondiente al “baby boom” en los años `70 no encuentra reemplazo en las generaciones posteriores y la forma de la pirámide muta a una con forma de pica en la que la base amplia del “baby boom” se va desplazando “peligrosamente” hacia arriba.



Las proyecciones para el no tan lejano 2025 conforman definitivamente la clásica forma de hongo, típica de las sociedades envejecidas.



En 2050 nos encontramos de forma dramática con una pirámide invertida o lo que viene en denominarse pirámide regresiva.



LA TASA DE SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO

Por su lado, la tasa de dependencia que mide el número de trabajadores por cada jubilado arroja una preocupante evolución: mientras que en 1971, había 8 trabajadores por cada jubilado, hoy hay tan sólo hay 3. Pero se antoja mucho peor para 2060 en que sólo habrá 1,5 trabajadores por cada jubilado. Las medidas aplicadas como el retraso en la edad de jubilación o el aumento del periodo de cómputo para el cobro de la pensión tienen carácter paliativo pero no se han acometido reformas estructurales.


La clave está en la denominada tasa de sustitución –también conocida como tasa de reemplazo– que es un indicador de cómo un sistema de pensiones consigue o no su objetivo de proporcionar unos ingresos adecuados en el momento de la jubilación respecto a los ingresos que el trabajador tenía cuando estaba en activo. Esta tasa se calcula como el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido en la etapa laboral. Si sólo nos referimos a pensión pública –en España, existe un pilar obligatorio para abordar las pensiones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social–, entonces estaremos hablando de la tasa de sustitución pública.

Según la OCDE la pensión pública en España supone entre el 75% y el 80% del salario previo a la jubilación para un trabajador con unos ingresos medios, frente al 63% de media en los países de la OCDE o al 59% en la Unión Europea. La propia UE reconoce que las actuales reformas de las pensiones que se están llevando a cabo en muchos de los Estados miembro tendrán como resultado una reducción de la tasa de reemplazo. En su informe Adequacy and Sustainability of Pensions - European (publicado en noviembre 2016) la Comisión Europea estima que para un salario medio, las tasas de reemplazo de las pensiones públicas se reduzcan en más de 5 puntos porcentuales en 16 países y en más del 15 puntos porcentuales en otros seis Estados miembros, entre ellos España, que registrará una caída de 30,4% puntos porcentuales pasando del 79% al 48,6%, según este organismo.

Es por lo tanto, un problema real y grave que no tiene una única solución y que requeriría de consensos entre las diferentes fuerzas políticas para afrontar con realismo y visión de largo plazo esta circunstancia. En primer lugar, el gasto público no puede aumentarse para financiar las pensiones por cuanto está anclado en el Pacto de Estabilidad y por lo tanto sujeto a restricciones presupuestarias. Por el contrario, sí que podría recortarse, buscando compensar por esta vía el gasto en pensiones pero no parece factible acometer esta medida cuando durante los peores momentos de la crisis económica la reducción del gasto público sólo puede calificarse de discreta. Podrían, por otro lado, subirse los impuestos para financiar las pensiones pero no parece que sea una medida muy adecuada ya que transferiría recursos del sector privado a la financiación de “hipotecas” públicas del pasado y desincentivaría la inversión repercutiendo negativamente en el crecimiento económico, clave de bóveda del sistema. Finalmente, algunas medidas de corte técnico como homogeneizar el sistema, eliminando los regímenes especiales, destapar las bases máximas de cotización o aumentar la eficiencia del sistema están encima de la mesa. Probablemente, no se trate de una sola medida sino de aplicar todo un conjunto de ellas. Lo que parece que es indudable es que el problema existe y que cuanto más se tarde en afrontarlo, mayores dificultades habrá para paliar sus negativos efectos.

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